Opinión
Por María Alicia Gutiérrez* Socióloga, docente e investigadora de la
Facultad de Ciencias Sociales UBA.
MIRADAS AL SUR
Año 5. Edición número 200. Domingo 18 de marzo de 2012
Los argentinos tuvimos la grata sorpresa de encontrarnos con el
dictamen de la Corte Suprema en relación al aborto no punible del
Código Penal. Se hizo justicia pues terció, con rigurosos fundamentos,
sobre las diversas (y a veces malintencionadas) interpretaciones
respecto de la no punibilidad del aborto en casos de violación. Indica
la función de los médicos y de los jueces frente a las demandas de
aborto por violación, interpelando al Estado como garante del
cumplimiento en los centros asistenciales públicos de todo el país.
Se hizo justicia con la lucha del movimiento de mujeres y otros grupos
de la sociedad que demandan por este derecho desde hace años, al igual
que en otros países de la región. Se reclama la libertad de decidir
con autonomía acorde a los criterios de justicia y derechos humanos
consagrados por las legislaciones internacionales incluidas en la
Constitución.
Surgieron alambicados argumentos, que apuntan a negar el derecho,
frente al dictamen: que no tiene alcance federal; que puede operar la
objeción de conciencia. Entre otros, un representante del poder
ejecutivo, planteó que el tema de la despenalización/legalización no
se encuentra en la agenda política porque “merece un debate profundo
que aún no se dio en la sociedad”. Por desconocimiento o por interés
político, invisibiliza una vez más a las mujeres y al conjunto de la
sociedad.
El debate social sobre el aborto tiene larga data y han fijado
posición las mujeres organizadas, los profesionales de la salud y del
derecho, organizaciones científicas, movimientos sociales y barriales,
colectivos de arte, medios de comunicación entre otros. Relevante fue
la constitución de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito en el año 2005 que presentó un proyecto de ley (como
parte de una larga tradición de propuestas cajoneadas) en 2010, con
más de 50 firmas de diputadas/os, y que perdió estado parlamentario
por no haber sido tratado en tiempo y forma.
Son muchos años de luchas y demandas, demasiadas historias
desgarradoras de niñas y mujeres con padecimiento y muerte. La agenda
política no lo registra pero la agenda social, fogoneada por la
Campaña Nacional y los numerosos grupos que allí y por fuera se
expresan, ya dieron su veredicto.
*Integrante del Foro por los Derechos Reproductivos-Campaña Nacional
por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.