Amplio uso, poca información

Raquel Drovetta es doctora en Antropología e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE) de la UBA. Actualmente lleva a cabo la investigación Representaciones y prácticas en usuarias y prestadores de salud en torno al uso de misoprostol. En diálogo con el CLAM adelantó parte de los datos obtenidos en la investigación en curso y trazó un panorama del uso del aborto farmacológico como una de las estrategias de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina y la región.

¿Cuál es el estado de situación del aborto farmacológico en Argentina? Cómo se constituye socio-geográficamente ese universo?

Antes que todo es necesario dejar sentada la carencia de investigaciones en ese ámbito. La mayoría de los trabajos son de índole obstétrica donde se trata de determinar el uso médico que tiene la droga, el misoprostol, dentro de los hospitales. Lentamente han comenzado a realizarse otros trabajos que abordan su uso fuera de los hospitales, sin embargo, aún son incipientes. A diferencia de Brasil, donde se registran investigaciones de este tipo desde la década del noventa, en Argentina sólo se comenzó a analizar el fenómeno desde hace diez años aproximadamente y la mayoría de los trabajos se restringen a Buenos Aires, lo que significa una fuerte carencia de estudios que reflejen la situación en el interior del país que tiene particularidades socio-geográficas.

Hasta ahora los datos con los que contamos indican que la difusión del uso de esta droga se da por el boca a boca entre mujeres. Desde el año 1998, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, prohibió su venta fuera del recetario. La venta actual es con receta archivada o a obstetras para uso intrahospitalario, medidas tendientes a frenar su uso como droga abortiva, al igual que el alto precio (U$S 80). De todos modos, su uso es cada vez más generalizado, por lo que desde el movimiento de mujeres y las ONG se está brindando información sobre su utilización para que aquellas mujeres que tienen la posibilidad de acceder sepan cómo hacerlo.

Aún no hemos logrado medir el uso de misoprostol en diferentes regiones del país. Para ello, la investigación que estamos llevando a cabo analiza los casos de las provincias de Formosa, Jujuy y Córdoba abarcando así diferentes regiones del país para saber cómo lo utilizan y sobre todo cuáles son las fuentes de acceso de estas mujeres, ya que la información se recibe por canales muy desiguales. Existe una guía confeccionada por un grupo de lesbianas feministas titulada Cómo hacerse un aborto con pastillas y ha circulado bastante en el cono-urbano bonaerense, pero al ser un material disponible básicamente en Internet y no en papel, su circulación es restringida en algunas provincias sin que haya organizaciones que repliquen el documento en el interior.

Vemos un aumento en la vulnerabilidad de la mujer debido a las dificultades para que pueda acceder a medicamentos que le posibiliten un aborto, ilegal aún, pero más seguro que una práctica quirúrgica o casera y que, sin embargo, también es riesgoso si no se cuenta con la información correcta, ya que una dosis equivocada puede no completar el aborto. Además, el acceso a este medicamento siempre se da en un contexto de marginalidad, lo que hace que nunca estemos completamente protegidas o seguras: la compra del medicamento se realiza en el mercado negro, lo que cuadriplica el precio que de por sí es caro. También, existe el riesgo de que esté adulterado y no hay una voz médica a la cual preguntar.

¿En qué regiones del país se lleva a cabo la investigación? ¿Qué similitudes y deferencias has encontrado?

Esta es mi investigación de posdoctorado en la que trabajo con los sistemas de salud de cuatro provincias: inicialmente Córdoba y luego replicamos en Formosa, Jujuy y Neuquén. Tomamos estos casos porque son tipos de sistemas de salud interesantes de analizar y muy diferentes entre sí. Si bien idiosincráticamente son muy diversas, Córdoba, Jujuy y Formosa tienen en común que la principal causa de mortalidad materna es el aborto. Neuquén, en cambio, tiene un protocolo muy bueno de atención postaborto regulado desde hace ya tres años que incluso tiene regulado el aborto no punible.

Hay que recordar que en Argentina existe una guía de atención creada por el Ministerio de Salud, pero que al carecer de la firma ministerial que la ratifique no se constituye como una orden clara y precisa. Como no hay voluntad política desde la nación, las provincias están haciendo un uso arbitrario de su poder para regular a su leal saber y entender el tema de los abortos no punibles. Lo que se nota en estas dos últimas gestiones en salud –a diferencia de la gestión de Ginés González– es una ausencia de acción y una falta de claridad sobre el tema. En las regiones del Noroeste y Noreste del país, la Iglesia católica tiene mucha injerencia y dispone de acceso permanente a las acciones que llevan adelante los departamentos de salud, no sólo inhabilitando el acceso a los abortos no punibles de aquellas mujeres que tienen el derecho por ley a realizarlo, sino también regulando la distribución y uso de métodos anticonceptivos, autorizando unos y no otros. Hay fallos de las cortes provinciales en contra de la pastilla del día siguiente por presiones de los grupos “pro-vida” que las consideran abortivas, grupos que intentan tomar las riendas de las políticas públicas en salud.

Con respecto al escalamiento social de su uso, quienes pueden pagarlo y tienen mayor acceso son las mismas mujeres que tiene la posibilidad económica de desembolsar los 800 o 1000 dólares que cuesta un aborto quirúrgico. Esos mismos médicos están utilizando el misoprostol como primera herramienta en lugar de las técnicas quirúrgicas, salvo en los casos de un embarazo más avanzado. La diferencia, entonces, está en el uso. Aquellas que pueden pagar lo hacen bajo la supervisión médica, las de sectores más carenciados lo utilizan sin otro tipo de supervisión que el de las redes de mujeres que se ayudan entre sí. El inconveniente en estos casos puede ser que la dosis suministrada sea insuficiente y no logre completar el aborto.

Lo importante en todos los casos es que las mujeres sepan que pueden acudir al sistema de salud con un aborto ya iniciado y que recibirán atención médica adecuada para que finalice correctamente sin poner en riesgo sus vidas.

¿Cuál es el panorama en América Latina respecto al uso del aborto farmacológico?

Hay una réplica interesante de la guía de uso de misoprostol que hicieron en Buenos Aires los grupos feministas en otros países de la región. En Perú, Ecuador y Venezuela hay grupos que tratan de brindar esta información y que reciben muchas presiones, sobre todo la acusación de estar haciendo apología al aborto cuando en realidad contribuyen simplemente a la trasmisión de información. Brasil, a su vez, tiene una situación particular, ya que la droga se utiliza desde hace más de treinta años sin que haya habido acciones gubernamentales para evitarlo. No ordenar determinadas prácticas cuando se sabe que están ocurriendo también es una opción, en este caso el silencio también se constituye como una política de salud. La diferencia con Argentina es que en Brasil la muerte materna por aborto inseguro está en cuarto lugar y no en el tope del ranking de la estadística, lo que también determina la agenda. También tenemos baches de información, como es el caso de Paraguay de donde no hay ningún tipo de datos al respecto.

Uruguay es un caso paradigmático de avance y modelo para muchos países. De allí se ha importado la Consejería pre y postaborto que consiguió una disminución abrupta en la mortalidad materna en ese país y que se está implementando en el Hospital Argerich de Buenos Aires con muy buenos resultado. Claro que el de este hospital es sólo un caso puntual y no una réplica de política nacional, ya que se basa más en la buena voluntad de equipos progresistas de salud que consideran a este un problema de salud pública y no un tema ético-moral.

¿Qué alcance tuvo el fallo de la Corte Suprema sobre los casos de abortos no punibles en el debate que se está dando en el Poder Legislativo sobre la despenalización del aborto?

Quizás son pequeñas pruebas de fuego para la sociedad con respecto a los modos en que se constituye el discurso social y cómo se articula este debate en torno al aborto. Hay que analizar la reacción de la sociedad ante la determinación de la Corte de que un grupo de mujeres –menores, violadas o con alguna deficiencia– tengan acceso a un derecho en particular. Es un paso previo para evaluar el estado del debate social, un termómetro para saber la opinión de la sociedad.

¿Están dadas las condiciones políticas para que se apruebe esta ley?

Creo que en los estratos medios, es decir en el Poder Legislativo, sí hay voluntad política para su aprobación, pero no más arriba. Todavía hay compromisos muy fuertes con sectores conservadores. Si se les otorga libertad de acción a los legisladores a la hora de votar, creo que puede ser aprobada. El proyecto ya cuenta con la firma de aval de 50 diputados, un dato no menor a la hora de votar y que habla claramente del avance más notorio históricamente de algún proyecto de ley de despenalización del aborto en el país.