Derechos sexuales y reproductivos

La denominación "derechos reproductivos" tiene un origen reciente: fue adoptada en la Reunión Internacional sobre Mujeres y Salud en Amsterdam (1984). Se podría tomar este hecho como el comienzo de una larga marcha del movimiento de mujeres a nivel mundial para ampliar los alcances del concepto de derechos humanos. 

Casi una década después, en 1993 en, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se realizó en Viena, los Estados aceptaron considerar como una violación a los derechos humanos a toda violación de los derechos específicos de las mujeres. La iniciativa y participación de las mujeres en esta Conferencia produjo un cambio trascendental en la teoría de los derechos humanos, pues se estableció que los derechos humanos pueden disfrutarse tanto en lo público como en lo privado y por lo tanto, pueden violarse en ambos ámbitos. Allí se definió que los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles. 

En varias instancias internacionales, luego de Viena, las mujeres participaron aportando sus investigaciones, propuestas y reclamos, con el objetivo de afirmar y desarrollar lo ya conquistado: en 1994 en El Cairo, en 1995 en Beijing, además de participar en redes regionales e internacionales, foros de ONG, etc. 

En este proceso se ha ido revisando y ampliando el concepto de derechos humanos. Su agenda había estado limitada a los abusos del Estado, desconociendo otros ámbitos. Por lo tanto se pone en discusión la ampliación y redefinición del contrato social, contrato en el que históricamente las mujeres no estuvieron presentes, ni en sus definiciones ni en su condición de sujetos políticos. La diferencia fue siempre interpretada como carencia y su resultado fue la desigualdad, una desigualdad que requería tutela. 

Ha sido y es un camino de progreso, pero también de tensiones. En el Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, conocido como “La Mujer en el año 2000: Igualdad, Desarrollo y Paz en el Siglo XXI”, se hizo el balance de la implementación de las recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing (PAM o Beijing + 5). Allí hubo tensiones, pues grupos conservadores intentaron impedir la adopción de un documento final. 

A pesar de las dificultades, Beijing + 5 cerró un ciclo intenso de legitimación y visibilidad del debate sobre aborto inseguro en el plano global. A partir de allí las tensiones se expresarán básicamente en los planos nacionales. Las instancias internacionales comprometen a los Estados que las suscriben, pero esto no es suficiente. Las naciones deben aprobar la normativa necesaria para habilitar el cumplimiento de los compromisos asumidos, los que aún no son respetados en gran parte de los países firmantes. 

En estos momentos hay nuevas circunstancias políticas globales que inciden en el debate sobre salud reproductiva e interrupción del embarazo. El Congreso norteamericano ha hecho esfuerzos para incluir una cláusula de condicionalidad en relación a los recursos de cooperación para el desarrollo, que apunta a impedir el acceso a esos recursos a organizaciones relacionadas de alguna forma con la interrupción del embarazo. Los financiamientos de USAID están limitados por esa condicionalidad, lo que tiene efectos políticos regresivos dentro de los países receptores de fondos de esa agencia. A esta presión se suman grupos antiaborto y sectores conservadores de algunas iglesias, lo que pone sobre el tapete el debate sobre laicidad y democracia y la necesidad de revaluar la relación entre la religión y el Estado. 

Es relevante, en este contexto, el Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva de Uruguay, que ya tiene media sanción parlamentaria. Su importancia radica en la forma integral que encara la salud reproductiva y por la discusión que promueve a nivel regional en las circunstancias políticas antes mencionadas.